El fiscal Hernán Cerutti apeló la resolución de la jueza Marta Pascual que suspendió por sesenta días la aplicación del nuevo régimen penal juvenil en Buenos Aires. La medida afecta la implementación de la Ley 27.801 en esa jurisdicción.

En el recurso, la Fiscalía sostuvo que no se acreditó un caso concreto que justificara el hábeas corpus y cuestionó el alcance de la intervención judicial sobre una norma aprobada por el Congreso.

La cautelar había puesto el foco en las condiciones disponibles para aplicar el régimen y en la situación de los adolescentes alcanzados. La presentación del recurso abre la revisión por la instancia superior: no equivale a una revocación ya resuelta. La discusión combina el alcance de la ley con las condiciones de implementación en el sistema provincial.